Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, presidida por la diputada Lorena Peña, del FMLN.

Foto Diario Co Latino (Daniel Trujillo, Redacción Diario Co Latino)

NOTA DEL EDITOR : SE PUBLICA EL PRESENTE EDITORIAL POR SU CONTENIDO HISTORICO

¿Pudiera alguien con trabajo duro, mucho esfuerzo y sacrificio ganar miles de millones de dólares en un país como El Salvador? De sólo pensarlo cuesta imaginarse a una empresa tan exitosa capaz de obtener esa riqueza y generar empleo.

Pero, en el país existe un sector del empresariado que ganó $9 mil 35 millones de dólares de 2001 al 2009 al gozar de exenciones, deducciones e incentivos fiscales de los impuestos de la Renta y el IVA.

La Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto (USAP) de la Asamblea Legislativa realizó un estudio sobre este fenómeno, a petición de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, y descubrió que empresas dedicadas a nueve rubros de la economía gozaron del no pago de impuestos durante esos ocho años, originando el gasto tributario.

El gasto tributario son los ingresos que deja de percibir la Hacienda pública porque aplica incentivos fiscales, producto de reducción de tasas, períodos de pago o exenciones que de los impuestos se hace a un sector específico.

El grupo de las inversiones y las zonas francas son las más beneficiadas, ya que sólo en un año ambas entidades se les perdonaron $577.6 millones de dólares. El de las inversiones ascendió a $371.1 millones de dólares, equivalente a 1.7% del PIB; mientras que el de las zonas francas, donde está la maquila, fue de $206.5 millones de dólares, es decir, un 0.9% del PIB.

La USAP indica en el estudio que las exenciones fiscales son las que causan mayor pérdida de ingresos, provenientes de los impuestos y, como resultado de eso, la disponibilidad de dinero del Gobierno no es la mejor.

Se supone que con los incentivos, las excenciones y deducciones de los impuestos las empresas pueden aumentar las inversiones y generar empleos; sin embargo, el estudio indica que el nivel de empleo “no ha sufrido variación significativa durante los últimos diez años”.

Los números hablan por sí solos. En el 2000, las personas cotizantes en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) eran 577 mil 533; hasta octubre de 2010, eran 694 mil 97 personas.

El análisis de la USAP indica que los incentivos, las deducciones y las exenciones tiene como objetivo facilitar la ejecución de proyectos privados productivos y crear empleo sectorial, pero, datos del Banco Central de Reserva (BCR) indican que el mecanismo no es exitoso, porque no se evidencia un “incremento sustancial” de la inversión privada.

Y es que la inversión pública sólo cubrió el déficit de la inversión privada cuando ocurrieron sucesos negativos como los daños ocasionados por los terremotos o las tormentas tropicales, que disminuyeron la inversión y afectaron la infraestructura.

Según la USAP, este comportamiento evidencia que el Gobierno dejó de percibir recursos y aumentó el endeudamiento público “para cubrir la demanda complementaria” del sector privado.

“Mientras, las empresas privadas ha utilizados los incentivos fiscales para continuar obteniendo rentabilidad y no para incrementar la inversión, como objetivo de las políticas públicas de desarrollo”, subraya el estudio de la USAP.

¿Qué permite a la gran empresa beneficiarse y obtener dinero del Gobierno, para dejarlo sin recursos suficientes? Un grupo de leyes de la República que facilitan la evasión fiscal.

Entres estas se encuentran la Ley de Zonas Francas e Industriales y de Comercialización; la de Turismo; la de Reactivación del Sector Agropecuario; la de Creación del Fondo del Milenio; la de Protección al Consumidor; la de Semillas; la del Fondo de Conservación Vial, entre otras que suman en total 26 cuerpos legales.

La USAP señala que jurídicamente el gasto tributario es permitido, aunque el costo es grande, debido a que con esos más de $9 mil millones de dólares se habría dotado de equipo y medicina a los hospitales nacionales, mejorado las escuelas y fortalecer los programas sociales gubernamentales.

Peticiones de exención

La que motivo el estudio de la USAP fueron las numerosas peticiones de exenciones de impuestos que llegan a la Asamblea Legislativa.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y diputada del FMLN, Lorena Peña, dijo que muchas sectores no tienen conciencia del impacto en las finanzas públicas las exenciones.

“Por ejemplo, el sector de las bebidas no carbonatadas no quieren pagar el impuesto que tienen; otros no quieren pagar el pago a cuenta; otros no quieren que se pague la seguridad privada. Son una serie de demandas que tienen un impacto negativo en el fisco, porque estos (las empresas) no le perdonan a la gente el pago del IVA. Hay que promover el equilibro de los impuestos”, subrayó la parlamentaria de izquierda.

Según el artículo 131 de la Constitución de la República, numeral 11, una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa es “decretar, de una manera general, beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza, para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios”.

El diputado por CD, Douglas Avilés, afirmó que a la Comisión llegan músicos nacionales e internacionales a pedir exenciones de impuestos, también, instituciones de diversas índoles.

“Sentimos que hay un abuso. Se ha convertido en una práctica que no le permite al fisco obtener recursos”, indicó el parlamentario de centroizquierda.

Avilés aseguró que la Asamblea está en disponible a ser caritativa en los casos que lo ameritan, pero, las instituciones tienen que ser conscientes de lo delicado que es pedir exenciones.

La USAP recomendó que en los Ministerios de Hacienda o Economía se cree una unidad que le de seguimiento a los incentivos fiscales, porque las empresas han tenido rentabilidad, pero, no alcanzaron los objetivos de política pública que originaron la medida.

El estudio de la USAP surge en momentos de un intenso debate de un pacto fiscal, el cual, las organizaciones sociales, y el Gobierno quieren que se discuta en el Consejo Económico Social (CES).

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) pide que el tema no se trate en el órgano consultivo, ni mucho menos discutir sobre la implementación y modificación de impuestos.

La gremial quiere una mesa tripartita entre ellos, el Ejecutivo y los partidos políticos, para lograr el pacto fiscal.

RENTA PERDIDA POR DEDUCCIONES, INCENTIVOS Y EXENSIONES FISCALES

2001 $296.49 millones

2002 $325.22 millones

2003 $334.76 millones

2004 $342.85 millones

2005 $357.36 millones

2006 $353.01 millones

2007 $372.03 millones

2008 $431.37 millones

$472.79 millones

IVA PERDIDO POR DEDUCCIONES, INCENTIVOS Y EXENSIONES FISCALES

2001 $716.43 millones

2002 $612.03 millones

2003 $634.01 millones

2004 $663.07 millones

2005 $625.98 millones

2006 $587.49 millones

2007 $578.98 millones

2008 $661.42 millones

2009 $670.52 millones